El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles medidas para poner a disposición de comunidades y ayuntamientos un total de 21.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler social. De ellas, 10.000 provienen de la Sareb y otras 11.000, de acuerdos con la banca. Se trata de cesiones por parte de las entidades bancarias ajenas a la Ley de Vivienda, que sigue sin acordarse en el seno del Gobierno y donde el PSOE frena las intenciones de Unidas Podemos de obligar a los grandes tenedores de vivienda a sacar inmuebles para el alquiler asequible.

Además, Moncloa ha informado de que el Gobierno destinará 1.000 millones de los fondos europeos de recuperación al Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, cuyo parque de vivienda pública "ronda" ya las 24.000 viviendas en zonas "tensionadas" por la  escasez de viviendas y la subida de precios.

En cuanto a las nuevas viviendas que el Gobierno quiere sacar al mercado para alquiler social, vienen de dos mecanismos. 

Por una parte, los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Asuntos Económicos han firmado un protocolo para sacar al mercado del alquiler social 5.000 viviendas de la Sareb, que se ampliarán a 10.000 "a medio plazo". A día de hoy, comunidades y ayuntamientos ya disponen de 5.000 viviendas, por lo que Moncloa eleva el monto total a 15.000.

La Sareb cede las viviendas a las comunidades y ayuntamientos y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumire parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento necesarios para garantizar la habitabilidad de las viviendas. Según ha informado el Gobierno, serán arrendadas "con un precio reducido a personas con ingresos limitados y en situación acreditada de vulnerabilidad".

Además, el Gobierno ha prorrogado hasta enero de 2022 el Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables en el que participan la Asociación Española de Banca y otras asociaciones financieras, que en esta ocasión incrementarán un 10% el número de viviendas de su propiedad que aportan a este Foro. Hasta ahora, eran más de 9.000 año, que llegarán a 11.000 con ese aumento acordado ahora. También se destinarán a "personas y familias que han perdido su vivienda habitual" con un alquiler a precio reducido.

Sánchez ha hecho oficial estos acuerdos en un acto este miércoles en Moncloa junto a la vicepresidencia tercera, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según ha dicho el presidente, las medidas favorecen que "grandes tenedores de vivienda o entidades financieras pongan parte de su cartera a disposición de personas en situación de vulnerabilidad”. 

Polémica Ley de Vivienda

Sin embargo, ha sido notable la ausencia este miércoles en Moncloa del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que es dentro del Gobierno la contraparte con la que Ábalos negocia una Ley de Vivienda que ya está retrasada con respecto a los plazos previstos y que no termina de ver la luz por discrepancias entre los dos socios de la coalición. La parte socialista del Ejecutivo, de hecho, aceptó que la Vicepresidencia Segunda de Iglesias fuera "coproponente" de esa norma aunque no tenga competencias de vivienda.

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos comenzaron con muy mal pie y fueron suspendidas unilateralmente por parte de los socialistas para que no interfirieran con la última semana de la campaña de las elecciones catalanas. Está previsto que las conversaciones se retomen en los próximos días, aunque las posiciones de partida siguen igual de alejadas que hace dos semanas: mientras Unidas Podemos pretende aumentar el parque de vivienda pública forzando a los grandes propietarios a poner parte de sus inmuebles en alquiler social, el PSOE prefiere hacerlo construyendo nueva vivienda pública.

Poniendo el 30% de los pisos de grandes propietarios en régimen de alquiler social, el parque público podría aumentar en unos pocos meses en al menos 140.000 viviendas a coste casi cero para el Estado, según los cálculos de Podemos. Se trata de una cifra más de cinco veces mayor a la anunciada este miércoles por Sánchez, y eso sin contar con las otras tres medidas que Unidas Podemos ha planteado inicialmente en la negociación: obligar por ley a las nuevas promociones de vivienda a ceder una parte para alquiler protegido, que la Sareb ceda la mayor parte de sus viviendas vacías a las comunidades para que las pongan en arrendamiento social e instaurar un impuesto a las viviendas vacías.

No obstante, aunque los puntos de vista son aún muy dispares, los morados confían en que terminarán imponiéndose en una batalla en la que su principal antagonista no es Ábalos, sino Calviño, a la que acusan de transmitir las presiones de la patronal inmobiliaria. En torno a 50 colectivos sociales, entre ellos la PAH y el Sindicato de Inquilinos, presentarán este miércoles un manifiesto en línea con las propuestas moradas, y este miércoles instaron al PSOE a "demostrar la legitimidad de sus siglas" frente al "modelo especulativo que desean perpetuar las élites económicas".